Arcila, Carlos. Profesor e investigador de la Universidad de Los Andes (ULA) - Táchira* De la Barra, Rodrigo. Doctorando de la Universidad Autónoma de Madrid (España)
Propósito:
Presentar un análisis de los distintos instrumentos que regulan la implementación de las TIC en Venezuela a fin de revelar si cuenta o no con una base jurídica.
Metodología:
El presente artículo muestra una revisión documental de los principales textos legales que amparan el funcionamiento del Gobierno Electrónico en Venezuela, vigentes al finalizar el primer semestre de 2009.
Público:
Dirigido a todo público
Conclusiones:
Las TIC constituyen una valiosa herramienta de eficiencia administrativa, y su implementación plena en la Administración Pública venezolana contribuirá notablemente a superar graves deficiencias que se padecen en muchas de las relaciones administrativas que el propio Estado impone como obligatorias a sus ciudadanos. Estas deficiencias se manifiestan muchas veces en una insuficiencia en la debida atención al ciudadano, produciéndose demoras y masivas conglomeraciones en las instalaciones físicas de atención administrativas, cuya respuesta por parte de la Administración, la mayoría de las veces consiste en el establecimiento de restricciones al acceso, horarios reducidos, e incluso imponiendo cotas de número de ciudadanos atendidos por día, articulado mediante el reparto diario del conocido mecanismo de “números” que se entregan de madrugada para poder acceder luego en horario de oficina al órgano Administrativo respectivo. Males todos que las TIC permiten superar a un costo muy bajo.
Para lograrlo se cuenta con una base jurídica muy nutrida y avanzada. Hemos visto como la Constitución establece un mandato de celeridad, eficacia, eficiencia, y transparencia predicable no solo de la Administración sino de todas las ramas del poder público en tanto se relacionen internamente entre sí o con el ciudadano.
Se ha resuelto el problema de la eficacia jurídica, mediante el DMDFE, el cual adopta en buena parte la regulación respecto al mensaje y firma electrónica propuesta por Comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional, asumiendo, con las ventajas que esto acarrea, los criterios y principios universales en la materia. Los distintos entes públicos pueden, con base al DMDFE, entablar relaciones administrativas electrónicas con los particulares, así como emitir documentos electrónicos válidamente firmados, también de manera electrónica.
Finalmente encontramos Decretos presidenciales, conscientes de las ventajas de las TIC y que ordenan a las Administraciones aprovecharlas e implementarlas cuanto antes. Abiertos además, a las ventajas del Software libre y abierto, se establece prioridad en su utilización. Pese a que algunos organismos ya “están a derecho” en cuanto a estas herramientas, la mayoría todavía está en mora, por lo que en nuestro criterio la carencia fundamental se debe en el actual momento a la implementación. Otras ramas del poder público, sobre todo la judicial deben aprovechar estos recursos cuanto antes y de manera más profunda de lo que lo han hecho hasta ahora, y en particular respecto su función primordial que es la jurisdiccional. Quizás por la especialidad del proceso judicial, y la envergadura de sus efectos, resulte conveniente una regulación normativa especial que permita (y a la vez ordene) a los órganos judiciales establecer cuanto antes un verdadero proceso judicial electrónico confiable y seguro en todas sus fases, también cimentado sobre los principios de celeridad, eficacia, eficiencia, y transparencia.
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